05-10-2010
La vida política ecuatoriana ha estado plagada de acciones violentas que rompieron el orden institucional existente y que siendo en su curso “inorgánicas y azarosas”, en todos los casos el desenlace final de la acción estuvo conducido por los actores dominantes del país. Como ha sentenciado algún analista refiriéndose a la ruptura y caída de Mahuad: que todo cambie, para que nada cambie.
En estas escaramuzas, los diversos grupos sociales, institucionales y políticos han intervenido como piezas de un ajedrez en el que los jugadores principales (casi siempre invisibles) han conducido la estrategia, pues, contaban con los medios de poder principales para direccionar los acontecimientos.
Una sublevación “policial” con muchos ingredientes de conato golpista (que son de dominio público), supera con largo la aparentemente “ingenua” interpretación de que apenas si se trato de la revuelta de una facción descontenta de la fuerza de seguridad ciudadana. Sin embargo, cabe la posibilidad de que muchos de los participantes hayan sido instrumentalizados por intereses ajenos a su voluntad y que conforme se desenrollaron los acontecimientos comprendieron que habían entrado a una vía sin retorno.
Antecedentes:
Descontento en el bloque dominante:
Después de siete derrotas electorales continuas; de la promulgación de una nueva Constitución que implica un cambio de ciento ochenta grados en la direccionalidad del país[1]; del impulso de políticas públicas que empiezan a resquebrajar el viejo e injusto ordenamiento existente, las mismas que han sido impulsadas por un gobierno cuyo estilo fuertemente apegado a la ciudadanía le ha mantenido con un altísimo apoyo popular; los banqueros, petroleros, agro empresarios, comerciantes, etc., vinculados al bloque dominante, han sentido una profunda preocupación y angustia al constatar que el sistema de explotación y privilegios en el que han sustentado el crecimiento de sus fortunas empieza a desmoronarse.
A pesar de las tradicionales diferencias existentes entre unos y otros sectores del bloque dominante, la oposición y resistencia al gobierno y a las propuestas de cambio han ido cohesionando su actuación, la misma que ha devenido en una práctica reiterada de rechazo a toda iniciativa gubernamental. Uno de los ejes de este enfrentamiento es el escenario legislativo y la oposición sistemática a las leyes propuestas por el ejecutivo y el bloque de gobierno, que siendo la minoría más numerosa ha conseguido la aprobación de la mayor parte de leyes propuestas.
Aunque algunos sectores, pensando en llegar al 2013 con posibilidades electorales de recuperar el poder perdido, han apostado por el sistemático desgaste utilizando la crítica y rechazo permanentes a todas las iniciativas del gobierno, la Asamblea Nacional, y las demás instituciones estatales, la posibilidad de la conspiración para llegar inclusive al golpe de estado para “acabar con la Constitución y derrocar al gobierno”, aparece para otros sectores dominantes como la vía rápida y necesaria para el logro de los objetivos estratégicos de la oposición, pues, la vía electoral, además de tardía, puede ser incierta[2].
En el marco de esta tensión los sectores del bloque dominante mantienen el termómetro político permanentemente encendido, midiendo las condiciones del apoyo social e institucional al gobierno, sin descartar que pueda producirse el clima propicio para ejecutar un golpe de estado.
Manipulación en las filas policiales:
Pese a que pudiera parecer un argumento muy fino, no se debe dejar de lado la historia de vinculaciones de un sector extenso de la oficialidad y tropa policiales con fuerzas de seguridad estadounidenses. Desde 1985 cuando a instancias del régimen de Febres Cordero se conforman las unidades antinarcóticos y antiterroristas dentro de la policía, esta ha sido objeto de una constante influencia por parte de los organismos de seguridad norteamericanos[3], a través del entrenamiento, equipamiento, asesoramiento y aún de la entrega de emolumentos económicos a muchos oficiales. Mediante la gestión de la estación de la CIA en Ecuador[4] por casi dos décadas se conforman entre oficiales y policías “hermandades” para protegerse, ejercer tráfico de influencias, recibir información, etc., y posteriormente derivarse hacia el apoyo político a la familia Gutiérrez y a Sociedad Patriótica.
Aunque durante los hechos posteriores a los sucesos de Angostura se reveló la existencia de estos vínculos, por lo cual se suspendió la asistencia estadounidense a la policía, quedaron intactas las redes y relaciones conformadas, las mismas que se han activado para la oposición al gobierno de Rafael Correa y a la nueva Constitución.
Un segundo elemento de antecedente a los hechos del 30 de septiembre es la presentación y difusión del informe de la Comisión de la Verdad, que pone al descubierto el involucramiento de muchos oficiales y policías en las trágicas violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el gobierno de Febres Cordero y posteriormente la reapertura de las investigaciones sobre el caso Fybeca y otros hechos de violaciones a los derechos humanos, lo habría generado una sensación de persecución entre algunos miembros de la institución policial.
El tercer antecedente es la aprobación del Código de Ordenamiento Territorial (COOTAD) que en la parte de competencias de los gobiernos autónomos, de acuerdo con la Constitución, entrega a los municipios la responsabilidad de planificar, regular y controlar el tránsito en sus territorios. Es ampliamente conocido que numerosos oficiales y policías, aprovechando que la institución policial ha tenido esta responsabilidad, han utilizado la misma para poner unidades en el servicio público y efectuar otras actividades irregulares. La transferencia obligatoria de esta competencia añadió una nueva situación de descontento entre las filas policiales.
El veto presidencial a la ley de Servicio Público y principalmente la desinformación sobre esta ley fue únicamente la nota final que cohesionó a la oficialidad y tropa en torno a las fuerzas de la oposición y resistencia al gobierno.
Desencuentros en los sectores sociales:
Luego de la Asamblea Constituyente y debido por una parte a las limitaciones de la agenda programática de los sectores sociales y por otra parte a la poca voluntad de determinados sectores conservadores del gobierno que miran con desconfianza a los movimientos sociales, viene provocándose una dinámica de distanciamiento respecto de sectores que deberían convertirse en aliados estratégicos del gobierno, como el movimiento indígena, ciertos sectores del movimiento laboral, los trabajadores y servidores públicos, los estudiantes y docentes universitarios, entre otros.
A pesar de que algunas posiciones de ciertos movimientos sociales puedan ser inapropiadas y también de que algunas actitudes del sector gubernamental hayan sido poco tolerantes y consideradas inadecuadas, a todas luces es evidente que se trata de desencuentros normales al interior de lo que podría consolidarse como un bloque que sustente el proyecto transformador de la Constitución y el gobierno. Es de sospechar los pronunciamientos de algunos dirigentes y líderes de opinión que han contribuido a echar más leña al fuego, tornando en principales contradicciones que son eminentemente secundarias, así como también la persistencia de determinadas políticas que no estarían en una línea transformadora, como en el caso de la participación estudiantil en el cogobierno universitario.
El nudo conflictivo que se ha producido, en unos casos ha provocado la desactivación de grupos y líderes sociales, con cuyo apoyo se ha dejado de contar, y en otros casos ha llevado a que otros grupos terminen coincidiendo con las filas de la oposición en una colusión antinatural.
Por otra parte es evidente que el apoyo electoral, la base social de los programas estatales y los simpatizantes y adherentes de Movimiento País, son insuficientes para garantizar el sustento político y la continuidad del proceso transformador. Aunque en el episodio que hemos vivido se ha producido un multitudinario respaldo al gobierno principalmente en las provincias del interior, en Quito, pese a ser muy numeroso no llegó a alcanzar las dimensiones de otros momentos como cuando la caída de Mahuad.
Los hechos del 30 de septiembre:
La rebelión policial se presentó como una paralización de las actividades de vigilancia y seguridad en la mayor parte de provincias y cantones del país, junto con el bloqueo de las vías interprovinciales y también dentro de las ciudades, además de la provocación de desmanes y enfrentamientos con la ciudadanía por parte de miembros de la policía. Este escenario de indefensión de la población originó además una ola de asaltos a locales comerciales, bancos e inclusive domicilios, en las principales ciudades del país.
Además de ocupar los cuarteles y las vías aledañas, la escolta legislativa se tomó las instalaciones de la Asamblea Nacional, impidiendo mediante el uso de la fuerza, el acceso principalmente de los asambleístas de gobierno y provocando con ello la neutralización de la función legislativa.
Se incorporaron además a la rebelión grupos de estudiantes universitarios y secundarios ligados al MPD, así como también unos cuantos grupos de trabajadores estatales y servidores públicos y varios miembros del movimiento Pachakutik.
Contribuyendo a agravar el clima de temor y provocando un efecto de amplificación de la protesta, los medios de comunicación dominantes interrumpieron su programación para magnificar los acontecimientos y llamar a la ciudadanía a cerrar sus negocios y correr a refugiarse en sus domicilios.
Si no hubiera ocurrido nada más, al caer la tarde el país entero hubiera quedado paralizado y atemorizado, provocándose como resultado final un estado de ingobernabilidad propicio para que sobre la ausencia de la Asamblea Nacional y el pronunciamiento de instituciones ligadas a los grupos dominantes, se llame a las FFAA a asumir el control del país, restablecer el orden y perpetrar el golpe de estado a la Constitución y al gobierno nacional.
El libreto que hemos descrito no llegó a producirse ante la presencia inesperada del Presidente de la República en el Regimiento Quito, generándose al interior del cuartel incidentes que le condujeron a quedarse retenido en el interior del Hospital de la Policía, donde se refugió luego de ser severamente agredido, hasta ser liberado por la noche en un sangriento operativo militar que produjo entre los miembros de la fuerza militar y de los grupos del GOE y del GIR (leales al presidente), cuatro muertos y varias decenas de heridos.
La difusión inmediata de los acontecimientos que ocurrían en el cuartel, a nivel nacional e internacional a través de la radio y la televisión estatales permitió la activación y movilización de la población, así como también la respuesta inmediata de los gobiernos latinoamericanos y de otros países. La declaración del Estado de Excepción obligó además a todos los medios a unificar su señal en torno a la televisión pública y a transmitir directamente la información de los acontecimientos, aclarando el mensaje de que estaba en riesgo la democracia.
La movilización social que de forma inmediata se produjo, llevó a la plaza grande a miles de funcionarios públicos, adherentes del Movimiento País, miembros de organizaciones sociales afines al gobierno y ciudadanos que se manifestaron en defensa de la democracia, mientras que en las calles aledañas al Hospital de la Policía un grupo multitudinario de simpatizantes del gobierno respondía a la consigna de “vamos a rescatar al Presidente Correa”, trazando un cerco que se mantuvo hasta cuando se inició el operativo militar.
La reacción inmediata y enérgica de los presidentes latinoamericanos, así como también de otros gobiernos del mundo, dejó totalmente establecido el respaldo al gobierno de Ecuador y la absoluta condena a la situación de privación de la libertad del presidente de Ecuador.
Al comienzo de la tarde los factores desestabilizadores sobre los que se sustentaba la intentona golpista quedaron neutralizados en parte, y ello convenció finalmente al comando de las FFAA, (siete horas más tarde de la retención del Presidente) a emitir un pronunciamiento de respaldo al orden democrático y de acatamiento al Presidente de la República. Cuando esto ocurrió, los rebeldes se quedaron sin salidas llegando en su desesperación a intentar el magnicidio para probablemente negociar una amnistía con quien sucediera al presidente.
Epílogo:
Cuando el Presidente asomó en el balcón del Palacio, los simpatizantes agolpados en la Plaza Grande y los millones de personas que a través de la televisión miraron la escena, se conectaron fuertemente con su mensaje, lo cual generó el clima apropiado para retornar a la calma el día viernes por la mañana. La encuestadora de opinión CMS ha revelado que el 70% de los consultados el fin de semana expresó su criterio favorable al gobernante del país.
El conato de golpe llegó a abortar y lejos de dejar un gobierno debilitado más bien ha contribuido al fortalecimiento de su imagen pública. Deberán trabajar mucho los opositores para vencerle en las elecciones del 2013, o para obtener el millón y medio de firmas para impulsar la revocatoria del mandato presidencial.
Con la sensible pérdida de posibilidades para recuperar el poder por la vía democrática, aún quedarán opositores vinculados a la derecha económica del país que continuarán buscando pescar a río revuelto, aprovechando cualquier episodio de desencuentro entre el régimen y los diversos sectores sociales.
Conclusiones:
La primera conclusión de esta rápida reflexión es que sin duda hemos vivido un nuevo episodio de un conato golpista, que se ha larvado y crecido a través de la acción intrigante de grupos mafiosos insertos en la institución policial. De forma que la ley de servicio público fue un pretexto buscado para lanzar a la policía en contra de la Constitución y del gobierno.
La Persistencia de actitudes antidemocráticas en la oposición derechista evidencia su limitación para adecuarse a las nuevas reglas y condiciones del juego político y económico, surgidas del mandato constitucional. Acostumbrados a acumular capital de la renta petrolera, de la sobreexplotación laboral, de la especulación bancaria, de la depredación de los recursos naturales, del intercambio desigual con la economía campesina, así como también de la corrupción y el tráfico de influencias; no se amoldan a un régimen de economía solidaría, de equidad social y territorial, de desarrollo endógeno y de soberanía nacional.
Por ello, no se puede descartar que se pretenda generar nuevos momentos de conmoción política para romper el orden democrático constituido. Hay que estar preparando para prevenir y enfrentar otros hechos de esta naturaleza.
La segunda conclusión es la urgente necesidad de desmantelar las redes mafiosas enquistadas en la policía y en otras instituciones del Estado conformadas al calor del apoyo de los programas de asistencia y colaboración en seguridad estadounidenses o de cualquier otro gobierno. Debe llevarse a cabo y con energía las recomendaciones del informe de la Comisión de investigación sobre la infiltración de organismos de seguridad extranjeros en la policía, FFAA y otros organismos estatales. La necesaria investigación y purga sobre los responsables de los sucesos del 30 de septiembre no puede quedarse únicamente en los autores materiales, sino que hay que llegar hasta los autores intelectuales.
La tercera conclusión es que se debe hacer esfuerzos por restablecer el diálogo con los sectores sociales en el proceso de producción de la política pública, tanto a nivel del ejecutivo como de la Asamblea Nacional y las demás funciones estatales. Temas como la Ley de aguas y el Código de la Producción, entre otros, deberán ser tratados de manera que se alcance la mayor aceptación posible. Hay que hacer esfuerzos por desvanecer los nudos conflictivos y restablecer una alianza estratégica con los movimientos sociales con quienes han existido fricciones.
Pero igualmente se requiere una depuración del liderazgo de los movimientos sociales que han mostrado poca capacidad para renovarse en sus planteamientos, prefiriendo mantenerse en posiciones fundamentalistas que han terminado alineándoles con los golpistas.
Además se torna urgente fortalecer al movimiento político gobernante para que pueda superar sus límites electoralistas actuales y se proyecte como un partido transformador capaz de concitar el apoyo popular a las propuestas y políticas gubernamentales.
[1] económica, social, política, cultural y ambiental.
[2] De acuerdo a las encuestas de informe confidencial realizadas mensualmente y publicadas en la revista Vanguardia, el presidente se ha mantenido con un apoyo superior al 62% de los encuestados.
[3] A propósito ver informe de la comisión designada por el Ministerio de Defensa para investigar sobre la infiltración de organismos extranjeros en los cuerpos de seguridad, luego de los sucesos de Angostura.
[4] A propósito ver el libro titulado “ del Camaleón” del autor….
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