martes, 2 de noviembre de 2010

Análisis. Golpe de estado: una encrucijada a develarse

Luis Ángel Saavedra / Latin America Data Base

Los incidentes del 30 de septiembre son tema de análisis en los círculos políticos del Ecuador, pues se debate si éstos fueron parte de una conspiración para derrocar al Presidente ecuatoriano Rafael Correa, incluso matarlo; o si sólo fue una insubordinación policial debido al descontento y desprestigio sufrido durante los últimos meses que, en el transcurso del día, tomó tintes dramáticos provocados por el mismo Presidente y su cuerpo de seguridad.


Es evidente que el presidente Correa ha instaurado un sistema de gobierno basado en la intransigencia y la imposición de leyes que, según su criterio, son necesarias para avanzar en el proceso socialista; en este sentido, el Presidente ha impuesto varias leyes, incluso por encima del criterio de la Asamblea Nacional.
Debido a la imposición de leyes, algunas de las cuales contradicen la Constitución aprobada en el año 2008 por el pueblo ecuatoriano, el gobierno se ha enfrentado a diversos sectores sociales, quienes se han movilizado en su contra, pese a los duros procesos de represión policial y la instauración de juicios por sabotaje y terrorismo a los principales líderes de las organizaciones de base.

Nuevas leyes, nuevos conflictos

Luego de aprobarse en referéndum la Constitución elaborada en Montecristi, en el 2008, la Comisión Legislativa de la Asamblea Constituyente, y luego la Asamblea Nacional, debían aprobar una serie de leyes para adecuar el cuerpo normativo nacional a la nueva constitución.

Este proceso legislativo no tuvo los consensos necesarios con los sectores sociales, por lo que leyes, como la Ley de Aguas, no pudieron aprobarse por la oposición de los movimientos sociales, principalmente del movimiento indígena. Otras leyes, como la Ley de Minas, pudieron imponerse pese a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por organismos ecológicos y de derechos humanos.

Las nuevas leyes que deben llevar a la praxis los preceptos constitucionales deben además regular la administración pública, la educación, la organización territorial y el control del sistema financiero. El diseño de estas leyes también avanzó sin conversaciones con los gremios y sectores sociales involucrados, provocando incertidumbre e indignación.

En este  ámbito se encuentra la Ley de Servicio Público, que fue el detonante de la insurrección policial, y que busca regularizar el caótico sistema de bonificaciones salariales de este sector, en donde abundan prebendas para sectores privilegiados del sector público, como el petrolero, la seguridad social, el sector de las telecomunicaciones y el sistema de control financiero gubernamental; en tanto que otros sectores se deben conformar con míseros reconocimientos por sus años de servicio, como los bonos que se daba a la tropa de la Policía Nacional por cada cinco años de servicio. La solución que la Asamblea Nacional encontró a este caos fue la eliminación total de todas las bonificaciones, premios, condecoraciones, canastas navideñas y otros privilegios del sector público. 

La imposición gubernamental de su particular criterio sobre algunas leyes, también se da sobre la Asamblea Nacional. Las leyes, tal como fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, fueron vetadas y modificadas por el Ejecutivo, y la Asamblea no ejerció su facultad de insistir en la aprobación total del cuerpo legal, tampoco se allanó al veto del Ejecutivo, sino que dejó pasar el tiempo para que estas leyes entrasen en vigencia por lo que se denomina el “ministerio de  la ley”, es decir, la posibilidad de que una ley, o una reforma, propuesta por el Ejecutivo, entre en vigencia al agotarse el plazo en el que la Asamblea Nacional debe tratarla. Tales son los casos de la Ley de Ordenamiento Territorial, que afecta a pueblos indígenas; la Ley de Educación Superior, que afecta a las universidades, y la mencionada Ley de Servicio Público.

Los posibles beneficios que podría haber traído cualquiera de las leyes aprobadas, no solo fueron opacados por la falta de socialización y explicación de sus alcances, sino que se puso en duda su legitimidad al ponerse en vigencia a través del “ministerio de la ley”

¿Policía manipulada?

La tesis de intento de golpe de Estado y conspiración para asesinar al Presidente se basa en que los policías insubordinados no habían siquiera leído la ley y su insubordinación se basaba en rumores.

Si bien es cierto que la Ley de Servicio Público anula algunos privilegios de la Policía, como los bonos por años de servicio y las condecoraciones de carácter económico, entre otros, esta anulación se dio de forma general para todos los privilegios de otros sectores de la administración pública y no podía constituirse en el fundamento para la violencia desatada el 30 de septiembre.

En verdad, la protesta había sido planificada desde mediados de septiembre y no es creíble que nadie en el gobierno, ni los miembros de inteligencia policial o militar habían advertido de las molestias generadas al interior de la tropa policial, más aún, nadie había advertido que ciertos líderes policiales estaban dialogando con miembros de la oposición al gobierno. El cuerpo de inteligencia adscrito al Ministerio del Interior desapareció de sus puestos de trabajo un día antes de la revuelta.

La Policía Nacional había mostrado molestias desde muchos meses atrás, pues ha sido muy desprestigiada por la serie de violaciones a los derechos humanos que fueron develadas por la Comisión de la Verdad, organismo creado por el gobierno para investigar estas violaciones durante los últimos 20 años.

La visita, en julio del 2010, del Relator Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, ahondó más el descontento entre las filas policiales, pues en su informe la Policía también fue inculpada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y negligencia para investigar un sinnúmero de asesinatos a los que consideraba como “ajuste de cuentas”.

El gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reaccionó frente a estos dos informes y decidió reabrir algunos casos, considerados como los más importantes y que involucraban a cuerpos especiales de la Policía Nacional.

Los mandos medios y la tropa empezaron a romper la cadena de mando con sus superiores a los que acusaban de no haberlos defendido frente a las acusaciones generadas.

La inconformidad fue evidente y se transformó en el escenario propicio para la conspiración; la Ley de Servicio Público sólo fue la gota que derramó el vaso.   

De igual forma, el mismo malestar se sentía en filas militares, como en un sector de la Fuerza Aérea del Ecuador, que se tomó el aeropuerto de Quito en la mañana del 30 de septiembre. En este caso era evidente la planificación anticipada de esta acción, pues los militares salieron con pancartas impresas, lo que denotaba una preparación previa, dando cuerpo a la teoría gubernamental de que se trataba de una conspiración, que no prosperó por la movilización social de respaldo al Presidente, pese a la brutal represión policial.

Errores gubernamentales y una dosis de su propia medicina.

Finalmente, errores de tipo político y logístico dieron cuerpo al enfrentamiento armado entre policías y militares, en la noche del 30 de septiembre, el que cobró la vida de 4 personas e hirieron a otras 274, a las que se suman otros cinco muertos en la ciudad de Guayaquil, en enfrentamientos de manifestantes a favor del gobierno y la Policía Nacional.
  
El gobierno se acostumbró a dar carta blanca a la policía para que reprima la movilización social que provocaba cada ley aprobada en contra de la Constitución. Luego de cada movilización social, a más de la dura represión policial, estos sectores debieron enfrentar a un gobierno que también se acostumbró a responder con la instauración de juicios por sabotaje y terrorismo contra los principales líderes de las organizaciones de base, indígenas, campesinas, e incluso organizaciones de estudiantes universitarios. La represión policial y el hostigamiento judicial se convirtieron en la mejor arma del gobierno para evitar las movilizaciones.

Para reducir los costos de las acciones represivas y buscar la autonomía para ejercer el control social, la policía ecuatoriana cuenta con sus propias fuentes de municiones, como la fabrica GASEPOL, en donde se producen bombas lacrimógenas; además, la Policía Nacional puede aprovisionarse de munición en la fábrica militar Santa Bárbara, donde se producen municiones letales y no letales para el control de las movilizaciones, como perdigones, mostacillas y otras municiones antimotines; por esta razón, en las acciones de represión policial es común el uso indiscriminado de estos elementos, provocando un elevado número de heridos; en este sentido, la asonada policial del 30 de septiembre no fue la excepción, pues la policía hizo gala de una abundante dotación de municiones y gas, inclusive el propio Presidente debió soportar dosis de gas pimienta que fueron arrojados a su rostro.    

Correa sin duda desconocía el escenario que se había formado en los últimos meses y creyó que podía solucionar el conflicto de manera personal, por eso acudió al Regimiento Quito, foco de la protesta policial, para querer dialogar con policías enardecidos y armados; esto sin duda fue un error fatal de los sistemas de inteligencia; más aún, el momento en que el Presidente es golpeado, su cuerpo de seguridad comete otro error logístico más fuerte, pues en lugar de sacarlo del foco de conflicto, optaron por llevarlo a una institución hospitalaria de la misma policía y contigua al lugar de los hechos, esto permitió el secuestro del Presidente por más de diez horas y, en consecuencia, el operativo armado de rescate que enfrentó a policías y militares, provocando no solo las muertes y heridos anotados, sino una profunda grieta en las relaciones entre estos dos organismos armados.

¿Fue o no fue un golpe de Estado? 

Liberado el Presidente, en su primer discurso se mostró desafiante y reivindicó su valentía al no dialogar con los insubordinados, a los que prometió sancionarlos; sin embargo, cinco días después se anunciaron elevaciones salariales para la policía y los militares, consolidando la incógnita del por qué no se negoció para evitar el enfrentamiento; más aún si el gobierno asegura que esta elevación salarial estaba ya planificada antes del enfrentamiento con la policía. Un anuncio oportuno de esta naturaleza habría calmado los ánimos y se pudo haber evitado el enfrentamiento.

Si bien hay elementos suficientes para asegurar que existió una conspiración para derrocar al Presidente y que ésta falló por la firmeza de Correa, el respaldo militar y la movilización de un pueblo que aún cree en la propuesta de la revolución ciudadana; también existen elementos que permiten asegurar lo contrario y que la asonada policial solo fue un acto de protesta por descontento, pero que la actitud desafiante del Presidente y los errores de su cuerpo de seguridad posibilitaron su secuestro y la consolidación de un intento de golpe de Estado.

Pero aún queda una incógnita relacionada con la actitud de un sector de la Fuerza Aérea, que se tomó el aeropuerto de Quito. ¿A quién obedecía este sector? ¿Existe la probabilidad de que también entre filas militares se esté gestando un nuevo intento golpista?

Queda la posibilidad que el rescate militar se haya decidido para mostrar de lo que es capaz un presidente que está confundiendo firmeza con prepotencia, valentía con temeridad e imposición con diálogo; entonces el rescate solo es un aviso para quienes estén pensando en un nuevo intento de golpe.     

3 comentarios:

  1. su pegina es buena y puedo consultar con ustedes cuando tengo que haser tareaass

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